Una serie de reportajes que desmontan mitos y revelan la realidad detrás de la industria de la soya en Bolivia.
En los mercados de La Paz, el precio del aceite se vuelve conversación diaria, sospecha y miedo. Mientras una parte de la ciudad culpa a la industria y otra desconfía de la soya transgénica, esta investigación sigue el recorrido del grano, contrasta los mitos que circulan en redes y escucha a quienes viven el problema desde la cocina, el mercado y la calle.
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Una publicación difundida por Reynaldo Raúl en Facebook sostiene que la ampliación de la frontera agrícola en Bolivia “no es para producir más alimentos”, sino para expandir monocultivos, “principalmente para la soya de exportación”.
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En redes sociales han circulado comentarios que atribuyen la responsabilidad de estos eventos a los productores de soya. La narrativa sostiene que los incendios son provocados deliberadamente para ampliar la superficie destinada a cultivos agrícolas, particularmente de soya.
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En redes sociales y espacios de debate público circula la afirmación de que los productores de soya "solo exportan" y que "no producen alimentos para Bolivia". Sin embargo, la evidencia disponible muestra que esta narrativa es engañosa porque omite información relevante sobre el destino de una parte de la producción nacional.
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Aunque existen estudios y debates sobre el uso de plaguicidas y sus posibles efectos en la salud y el medio ambiente, organismos científicos y agencias regulatorias internacionales no han concluido que los alimentos transgénicos aprobados ni el consumo de soya transgénica causen cáncer en las personas.
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En redes sociales y espacios de debate público circula la afirmación de que la industria oleaginosa "pone el precio que le da la gana". Sin embargo, no hay evidencia concreta que certifique que las industrias definan unilateralmente los precios de la soya y sus derivados.
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En redes sociales y espacios de debate público circula la afirmación de que los empresarios o la industria oleaginosa esconden aceite para generar escasez y elevar los precios. Sin embargo, no hay evidencia tangible que confirme que las industrias aceiteras hayan ocultado deliberadamente el producto con fines especulativos.
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La afirmación de que los agroindustriales fijan precios a voluntad para perjudicar a los pequeños productores no se alínea con el funcionamiento del mercado agrícola global. El Instituto de Estudios Cajasol y diferentes plataformas de inversión, clasifican a la soya como commodities (materias primas) agrícolas.
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La normativa tributaria boliviana (Ley 843 y sus decretos reglamentarios) obliga al sector productivo al pago de diversos tributos, refutando la idea de una evasión generalizada. Según datos del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), a julio de 2025, los departamentos de La Paz (41,6%) y Santa Cruz (37,9%) lideran la recaudación tributaria de Mercado Interno (MI) en el país.
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